sábado, 27 de septiembre de 2014

Trtibunal dispone que la mercancia decomisada por contrabando sean distribuidas en PDVAL..y los otros supermercados?







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viernes, 26 de septiembre de 2014

Productos de la cesta básica se venderán al pueblo
Tribunal Penal ordena que artículos incautados sean distribuidos en PDVAL


Un Tribunal en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Táchira, dictó medida privativa preventiva de libertad contra Ender Alexander Araque Rivas y Henri Alexis Araque Rivas, por la presunta comisión del delito de contrabando de extracción previsto y sancionado en el artículo 59 de la Ley Orgánica de Precios Justos, en perjuicio del Estado venezolano. 
Los imputados antes mencionados fueron detenidos en flagrancia por la Guardia Nacional Bolivariana, cuando pretendían transportar una importante cantidad de productos de la cesta básica y artículos de aseo personal en un vehículo con destino a la República de Colombia, desde el municipio García de Hevia de la entidad tachirense.
Finalmente, el Tribunal de Control, acordó continuar el procedimiento por la vía ordinaria. Asimismo, dictaminó que la mercancía retenida se pondrá a disposición de las usuarias y usuarios de la red directa de la Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos (PDVAL), y se decretó la incautación preventiva del vehículo utilizado para la presunta comisión del delito que afecta la Patria venezolana.
Con estas acciones, el Poder Judicial contribuye de manera activa en la lucha contra el flagelo del contrabando, impartiendo justicia según la ley  para garantizar alimentos al pueblo venezolano a precio justo. Es así, como desde el Tribunal Supremo de Justicia y los tribunales del país se garantiza el acceso a la Justicia, a través de políticas inclusivas y sociales, siguiendo los postulados de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.    
Fecha de Publicación:
  26/09/2014

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viernes, 26 de septiembre de 2014

ZULIA Crean nuevo circuito judicial de LOPNA







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martes, 23 de septiembre de 2014

Crean nuevo circuito judicial de protección de niños, niñas y adolescentes en el estado Zulia


Como parte del fortalecimiento del Sistema de Justicia en el que trabaja el Poder Judicial, labor impulsada por la Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), magistrada Gladys María Gutiérrez Alvarado, se inauguró el Circuito Judicial de Protección del Niño, Niña y Adolescente de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, sede Maracaibo.
La adopción del modelo de circuito judicial brinda a la administración de justicia en la materia de niños, niñas y adolescentes, mayor celeridad  y eficiencia. Asimismo, facilita un acercamiento directo de jueces y juezas con los justiciables, quienes podrán invertir el mayor tiempo posible en la función jurisdiccional.
Así lo expresó la vicepresidenta de la Sala de Casación Social del Alto Juzgado y coordinadora nacional de la Jurisdicción de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, magistrada Carmen Porras, quien durante el acto de inauguración exhortó a todos los trabajadores del nuevo circuito a cumplir sus labores de forma responsable, a fin de garantizar que, en lo administrativo, la distribución de documentos  sea oportuna; que las audiencias se agenden con celeridad y que los jueces y juezas dispongan de todo lo necesario para celebrar las audiencias en la oportunidad fijada, con el objetivo que los niños, niñas y adolescentes sean atendidos con prioridad, sean oídos y oídas por los juzgadores y juzgadoras y que el proceso se desarrolle a través del procedimiento oral y público previsto en la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (Lopnna).
El recinto judicial contará con una Oficina de Tramitación Procesal, Oficina de Secretarios Judiciales, Oficina de Atención al Público, Oficina de Control de Consignaciones, con un equipo multidisciplinario, altamente especializado; una Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD), las Unidades del Servicio de Alguacilazgo y el Archivo Sede. Asimismo, estará integrado por tres jueces de sustanciación, mediación y ejecución; uno de Juicio y un Juzgado Superior.
En el acto también estuvieron presentes autoridades del estado Zulia, entre ellas, la Jueza Rectora, Dra. Ismelda Rincón; el Fiscal Superior, Dr. Richard Linares; la Directora de la Dirección Administrativa Regional, Dra. Carmen Ester Acurero; el alcalde del municipio San Francisco, Omar Prieto; el alcalde del municipio Mara, Luis Caldera, el equipo de la Defensa Pública y voceros y voceras de los consejos comunales de la entidad.
Con la puesta en marcha de este modelo organizacional, se continúa implantando un nuevo paradigma organizacional que seguirá contribuyendo a la democratización de la justicia.
Fecha de Publicación:
  23/09/2014

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Tribunal de Control priva de libertad a grupo de personas por trafico de material belico







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martes, 23 de septiembre de 2014

En aplicación de la ley para resguardar la paz
Tribunal Penal priva de libertad a grupo de personas por tráfico de material bélico


Un Tribunal en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Lara, dictó medida privativa preventiva de libertad contra Yohan Barrios, Villeinys Luquez, Dirben Quiero y Robert González, por la presunta comisión del delito de tráfico ilícito de armas de fuego y municiones, previsto y sancionado en el artículo 124 de la Ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones.
A través de procedimiento ordinario, el Juzgado decretó la detención en flagrancia y le calificó además a los imputados el delito de uso de adolescente para delinquir, previsto y sancionado en el artículo 264 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.    
El Tribunal de Control, en su  decisión, aclara que los imputados fueron aprehendidos portando un bolso contentivo de 6 cartuchos de armas de guerra. Además, fueron encontrados con una importante cantidad de proyectiles, en la zona norte de Barquisimeto, sector Tamaca, mientras establecían comunicación vía telefónica con otras personas, entre ellos un adolescente, negociando la compra venta del material bélico.
Por la comisión de estos delitos, los imputados pueden enfrentar una pena que pudiera oscilar de 20 a 25 años de prisión. Asimismo, el Juzgado Penal ordenó como instituto de reclusión, al Centro Penitenciario Sargento David Viloria, del estado Lara.
Dando cumplimiento a las Normas y las Leyes de la República, el Tribunal Supremo de Justicia fortalece los espacios de paz, garantizando el acceso a la Justicia para toda la población, coadyuvando en la celeridad procesal y el desarme de la población civil, en consonancia con las políticas contra la delincuencia organizada y el tráfico de armas de guerra.
Fecha de Publicación:
  23/09/2014

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domingo, 21 de septiembre de 2014

Tribunal de ejecucion otorga medida a Ivan Simonovis







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sábado, 20 de septiembre de 2014

La decisión no afectará los derechos de las víctimas
Tribunal otorga medida a Iván Simonovis


Un Tribunal de Ejecución del Circuito Judicial Penal del estado Aragua otorgó una medida de detención domiciliaria por razones de salud a Iván Antonio Simonovis Aranguren, quien cumple condena de prisión por los delitos de Homicidio Calificado, Homicidio Calificado Frustrado, y Lesiones Personales Graves y Leves; para que reciba tratamiento médico en su domicilio, bajo apostamiento del Sebin, el cual ejercerá su custodia. 
Esta medida fue concedida por el tribunal con estricto apego a la jurisprudencia reiterada del Tribunal Supremo de Justicia y en razón de la solicitud formulada por el penado y por el Ministerio Público, de acuerdo a los informes médicos forenses que arrojaron las diferentes patologías del penado, las cuales han conducido a un grave deterioro de su salud. Si sus condiciones de salud se restablecen regresará al centro penitenciario donde ha estado cumpliendo la condena hasta ahora.
En virtud de esta decisión, Simonovis deberá acatar ciertas condiciones cuyo cumplimiento será estrictamente vigilado, entre ellas no podrá dar declaraciones ante medios de comunicación social públicos o privados, y tampoco a través de las redes sociales ni podrá realizar actos de proselitismo político. Deberá presentar cada tres meses informe actualizado de su estado de salud. De igual forma se le prohíbe la salida del país y deberá solicitar autorización al Tribunal para su traslado a centros de salud si así se requiere. El incumplimiento de alguna de estas condiciones acarreará la revocatoria de la medida.
Tras casi 10 años de prisión, Simonovis recibió la medida a fin de que continúe recibiendo el tratamiento médico, ahora en su domicilio, por el estado actual de sus patologías, garantizándole su derecho humano a la salud reconocido  en el artículo 83 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 
El Estado venezolano, a través del Poder Judicial, garantiza plenamente los derechos de todas las víctimas de los delitos cometidos por Simonovis, como lo ha venido haciendo por más de una década; asimismo permanece a la vanguardia en la lucha constante contra la impunidad, en armonía con la tutela a los derechos humanos y ratifica que las personas cuya culpabilidad en la comisión de hechos punibles resulte comprobada, cumplirán sus penas rigurosamente en los términos que impongan los Juzgados de la República.        
Fecha de Publicación:
  20/09/2014

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viernes, 19 de septiembre de 2014

TSJ trabajadores tribunalicios reciben induccion sobre sistema de captura de datos







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viernes, 19 de septiembre de 2014

Trabajadores de los tribunales de protección de niños, niñas y adolescentes reciben inducción sobre el Sistema de Captura de Datos


A través del desarrollo e integración en los avances tecnológicos que viene ejecutando el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en la gestión dirigida por su presidenta magistrada Gladys María Gutiérrez Alvarado, el Máximo Juzgado realizó un taller de inducción dirigido a los trabajadores de los tribunales de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) sobre el Instrumento de Captura de Datos para la Planificación Estratégica de la Jurisdicción en los Circuitos de Lopnna.
Este dispositivo forma parte del Sistema de Captura de Datos conocido como Sicaplopnna, el cual facilitará el control de gestión de las actuaciones de los trabajadores tribunalicios de esta jurisdicción, a fin de garantizar la defensa de los Derechos de los infantes y adolescentes. Asimismo, se podrán obtener los indicadores de gestión que permitan verificar la cantidad de causas ingresadas, así como determinar los resultados por grupos etarios y por edades.
La Gerencia de Informática del Alto Tribunal impartió este adiestramiento en la sede del TSJ a las juezas, jueces, alguaciles, secretarias y asistentes de tribunales de protección de los NNA del Distrito Capital y de los estados Vargas y Miranda.
Durante la demostración, mediante el acceso vía internet, los participantes tuvieron la oportunidad de conocer el uso de las aplicaciones, el correcto vaciado de todos los renglones del instrumento de captura, los reportes que los usuarios pueden generar y la información que pueden observar de cada uno de los tribunales. 
Con esta iniciativa, el Máximo Tribunal de la República avanza en la independencia tecnológica en cuanto a su sistema operativo, logrando así un depositario que resguarda la fuente, ofreciendo seguridad y utilidad en la fase de migración y registro de sus datos.
Es así como el Poder Judicial continúa garantizando el respeto de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, a través de decisiones apegadas a las leyes y a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, complementando su gestión con el eficiente uso de las herramientas tecnológicas.  
Fecha de Publicación:
  19/09/2014

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Tribunal de Anzoategui dicta privativa de libertad por traficar combustible







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viernes, 19 de septiembre de 2014

Capturado en flagrancia por traficar combustible hacia Houston
Juzgado de Anzoátegui dictó privativa por tráfico de 200 mil barriles de petróleo


Por la presunta comisión del delito de tráfico de 200 mil barriles de petróleo, un Juzgado Penal de Control del estado Anzoátegui dictó medida privativa de libertad en contra de Asunción Rafael Barboza Vásquez, quien intentaba transportar vía marítima el recurso natural hasta la ciudad de Houston, en Estados Unidos de América.
El Tribunal le calificó al ciudadano privado de libertad, la presunta comisión de los delitos de tráfico y comercio ilícito de materiales estratégicos, legitimación de capitales, falsificación de sellos, aprovechamiento de documentos públicos falsos y asociación para delinquir, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 236, ordinales 1°, 2° y 3° y ordinales 2° y 3° del artículo 237 del Código Penal.  
El Juzgado fijó como centro de reclusión de Asunción Rafael Barboza Vásquez, el Comando de la Zona de la Guardia Nacional Bolivariana, número 52 de la ciudad de Puerto La Cruz.
De esta manera, el Poder Judicial coadyuva efectivamente en la lucha contra el contrabando en el país, junto a los órganos del Sistema de Justicia y de Seguridad de la Nación, en un trabajo continuo y constante en todos los Circuitos Judiciales Penales en los 24 estados, garantizando la entrega de los productos y recursos incautados para beneficio del pueblo, según dispone la Constitución y la ley.
Fecha de Publicación:
  19/09/2014

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jueves, 18 de septiembre de 2014

TSJ SPA Sin lugar recurso de industrias venoco







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jueves, 18 de septiembre de 2014

Poder Judicial tutelando los intereses colectivos
TSJ declara sin lugar recurso contra Decreto Presidencial que ordenó la adquisición forzosa de los bienes de Industrias Venoco


La Sala Político Administrativa (SPA) del Tribunal Supremo de Justicia desechó el Recurso contencioso administrativo de nulidad con amparo cautelar ejercido contra el Decreto Presidencial que ordenó la adquisición forzosa de los bienes muebles e inmuebles propiedad de Industrias Venoco, C.A o de cualesquiera otras empresas o personas relacionadas, y que sean necesarios para la ejecución de la obra Soberanía en la Elaboración y Suministro de Bases Lubricantes, Lubricantes Terminados, Aceites Dieléctricos, Grasas y Liga para Frenos (N° 7.712 del 10-10-2010, G.O.39.528 del 11-10-10).
En esa sentencia, garante de los valores constitucionales, el TSJ asentó la firmeza del acto presidencial impugnado, y reconoció que la estatal petrolera puede tomar posesión de los bienes objeto de adquisición forzosa, de acuerdo a lo previsto en el Art. 6 de la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios, aplicable en razón del tiempo, en correspondencia con la posición asumida por PDVSA y la Procuraduría General de la República
La SPA señala en su decisión que el acto jurídico objetado no vulneró la Constitución ni el resto del orden jurídico, pues no hubo invasión de las competencias de la Asamblea Nacional, y la causa expropiandi fue ampliamente justificada en la importancia que tienen los bienes objeto de adquisición para transporte público, para funcionamiento del sector industrial y para la población en general.
También indicó el Máximo Tribunal de la República, que las empresas privadas afectadas por esa actuación dirigida a la protección del interés social, realizaban prácticas de acaparamiento y especulación, a expensas del suministro de la materia prima por PDVSA, bien de todas y todos los venezolanos.
Así pues, el Poder Judicial, dirigido por su Presidenta magistrada Gladys María Gutiérrez Alvarado, continúa en su acción permanente por tutelar el interés social al proteger los bienes de la Nación, garantizar los derechos fundamentales y velar por el cumplimiento de los deberes constitucionales.
 
 


Fecha de Publicación:
  18/09/2014

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viernes, 5 de septiembre de 2014

Tribunal de Contral dicta privativa de libertad por contrabando a 11 personas







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jueves, 04 de septiembre de 2014

Enfrentarán hasta 14 años de prisión
Poder Judicial dictó privativa de libertad a 11 personas por contrabando de alimentos y otros delitos


Las medidas privativas de libertad fueron impuestas por Tribunales de Control de los Circuitos Judiciales Penales de los estados Apure, Táchira y Carabobo, por la presunta comisión de los delitos de contrabando de extracción, acaparamiento y asociación para delinquir, previstos y sancionados en la Ley Orgánica de Precios Justos y la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, respectivamente.
Los procesos sustanciados diligentemente por los juzgados de control, atienden a la política unificada de los órganos de administración de justicia en la lucha permanente frente el contrabando de extracción y otros delitos económicos. En el primero de los casos que se sustanció ante el Circuito Judicial Penal del estado Apure, se dictó privativa de libertad contra dos ciudadanos capturados por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana, en el punto de control Biruaca-Puerto Páez, los cuales al realizar la revisión de un camión constataron la existencia en su interior de casi 5 toneladas de azúcar y una tonelada de arroz, presuntamente transportados de manera ilícita.
En otro procedimiento judicial, un juzgado de control del Circuito Judicial Penal Fronterizo del estado Apure, extensión Guasdualito impuso privativa de libertad contra Gilber José Gómez Burgos, quien pretendía contrabandear 33 paquetes de leche marca "Casa" de la Red Mercal, con destino a la población de Arauca, República de Colombia, por lo que fue detenido de manera flagrante en el Punto de Control del Puente Internacional José Antonio Páez.
En el estado Táchira, un tribunal de control del correspondiente Circuito Judicial Penal Fronterizo, decretó privativa de libertad contra: Carlos Humberto Delgado, William Andrés Medina, Willington Cotamo Vaca, Bladimir Navarro Navarro, José Luis Ortiz Navarro, Edgar Giovanni Omaña Torres y Jefferson Emiro Zambrano Pinilla.
Estas personas fueron aprehendidas en una vía que comunica a Venezuela con Colombia, a bordo de dos camiones en los que transportaban de manera presuntamente ilícita: más de una tonelada de plátanos y más de 1.5 toneladas de auyama, entre otros tantos alimentos. El juzgado tachirense acordó la incautación de la mercancía y de los vehículos en la que era transportada.
Asimismo, un Tribunal del Circuito Judicial Penal del estado Carabobo con competencia en ilícitos económicos, dictó medida privativa de libertad en contra de la ciudadana Rosa María Ortíz, por el delito de acaparamiento, una vez que funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas encontraran en su casa productos de primera necesidad, los cuales eran comercializados sin permisología legal y a precios excesivos por la procesada. Esa representación del Poder Judicial incautó la mercancía y la puso a disposición de la Superintendencia Nacional de Silos, Almacenes y Depósitos Agrícolas (SADA), para ser distribuidos al pueblo a precios justos. 
Continúa así el trabajo permanente y diligente de los tribunales de los 18 Circuitos Judiciales Penales Fronterizos, y de los Tribunales con competencia en ilícitos económicos, los cuales sustancian con celeridad las diferentes causas penales, para contribuir de esta manera en la lucha firme que el Estado venezolano despliega por todo el territorio nacional contra los delitos económicos, garantizando la soberanía y seguridad alimentaria del pueblo venezolano.
Fecha de Publicación:
  04/09/2014

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