Ministerio de Interior y Justicia deberá reparar a familiares de torturado
La instrucción se la giró la Sala Político Administrativa del TSJ, al declarar la ejecución forzosa de su sentencia número 962 del 5 de octubre de 2010, en la cual condenó al Estado por las torturas que agentes del Cicpc le aplicaron a Francisco José Millán Rodríguez en el año 2000, las cuales le provocaron su muerte.
JUAN FRANCISCO ALONSO
| EL UNIVERSAL
martes 18 de septiembre de 2012 01:35 AM
Caracas.- Del
presupuesto que le sea asignado para los años 2013 y 2014 el Ministerio
del Interior y Justicia (MIJ) deberá apartar 275 mil bolívares, para
entregárselos a dos miembros de una familia del estado Sucre en
reparación por haber sido víctima de violación a los Derechos Humanos.
La instrucción se la giró la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, al declarar la ejecución forzosa de su sentencia número 962 del 5 de octubre de 2010, en la cual condenó al Estado por las torturas que agentes del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) le aplicaron a Francisco José Millán Rodríguez en el año 2000, las cuales le provocaron su muerte.
En el fallo, que redactó la magistrada Trina Omaira Zurita, el máximo juzgado le ordenó al despacho dirigido por Tareck El Aissami que reserve para los dos ejercicios fiscales venideros sendas partidas por 82.500 bolívares y 55 mil bolívares para dárselas a Ángel Esteban Millán Aguilera, padre de la víctima; y a Orlando Millán Rodríguez, su hermano, respectivamente.
Francisco José Millán Rodríguez se desempeñaba como camillero en el Hospital Universitario Antonio Patricio de Alcalá de Cumaná y el 4 de febrero del 2000 fue aprehendido, sin orden judicial, por dos efectivos de la policía científica quienes investigaban la denuncia de la desaparición de una recién nacida en ese centro de salud.
Los funcionarios Raúl Antón Astudillo y Jesús Ramón Salázar Figueroa llevaron a la víctima a los calabozos del Cicpc en la capital sucrense, donde al día siguiente fue hallado, sin vida, sentado y esposado a una silla.
Los exámenes forenses determinaron que Millán falleció como consecuencia de múltiples lesiones internas y externas, "con signos evidentes de haber sido torturado salvajemente".
Pese a que el TSJ ya ordenó al MIJ indemnizar económicamente a los familiares del difunto en 2010, el hecho de que hayan transcurrido casi dos años sin que el despacho gubernamental hubiere cumplido este mandato le obligó a pronunciarse por tercera vez.
La tortura en el país
Aunque la Constitución de 1999 expresamente prohibe la tortura y los malos tratos, como forma de combatir el delito, ésta sigue siendo una práctica usual en los cuerpos policiales venezolanos.
A esta conclusión se arriba al revisar el último informe que sobre la tortura publicó la organización Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, la cual reveló que desde el año 2003 hasta junio pasado ha recibido 263 casos de abusos o tratos denigrantes cometidos por agentes del orden público y la mayoría de estas denuncias (64) responsabilizaban a miembros del Cicpc.
La agrupación ha pasado la última década exigiendo a la Asamblea Nacional la aprobación de una ley para sancionar esta práctica.
La instrucción se la giró la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, al declarar la ejecución forzosa de su sentencia número 962 del 5 de octubre de 2010, en la cual condenó al Estado por las torturas que agentes del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) le aplicaron a Francisco José Millán Rodríguez en el año 2000, las cuales le provocaron su muerte.
En el fallo, que redactó la magistrada Trina Omaira Zurita, el máximo juzgado le ordenó al despacho dirigido por Tareck El Aissami que reserve para los dos ejercicios fiscales venideros sendas partidas por 82.500 bolívares y 55 mil bolívares para dárselas a Ángel Esteban Millán Aguilera, padre de la víctima; y a Orlando Millán Rodríguez, su hermano, respectivamente.
Francisco José Millán Rodríguez se desempeñaba como camillero en el Hospital Universitario Antonio Patricio de Alcalá de Cumaná y el 4 de febrero del 2000 fue aprehendido, sin orden judicial, por dos efectivos de la policía científica quienes investigaban la denuncia de la desaparición de una recién nacida en ese centro de salud.
Los funcionarios Raúl Antón Astudillo y Jesús Ramón Salázar Figueroa llevaron a la víctima a los calabozos del Cicpc en la capital sucrense, donde al día siguiente fue hallado, sin vida, sentado y esposado a una silla.
Los exámenes forenses determinaron que Millán falleció como consecuencia de múltiples lesiones internas y externas, "con signos evidentes de haber sido torturado salvajemente".
Pese a que el TSJ ya ordenó al MIJ indemnizar económicamente a los familiares del difunto en 2010, el hecho de que hayan transcurrido casi dos años sin que el despacho gubernamental hubiere cumplido este mandato le obligó a pronunciarse por tercera vez.
La tortura en el país
Aunque la Constitución de 1999 expresamente prohibe la tortura y los malos tratos, como forma de combatir el delito, ésta sigue siendo una práctica usual en los cuerpos policiales venezolanos.
A esta conclusión se arriba al revisar el último informe que sobre la tortura publicó la organización Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, la cual reveló que desde el año 2003 hasta junio pasado ha recibido 263 casos de abusos o tratos denigrantes cometidos por agentes del orden público y la mayoría de estas denuncias (64) responsabilizaban a miembros del Cicpc.
La agrupación ha pasado la última década exigiendo a la Asamblea Nacional la aprobación de una ley para sancionar esta práctica.
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