El Tribunal Supremo de Justicia,
TSJ, a través de su Sala de Casación Penal y ponencia del magistrado
Paúl Aponte Rueda, declaró procedente solicitar a la República de Panamá
la extradición activa del ciudadano venezolano Rolando Arturo Márquez
Ramos, para su enjuiciamiento en la República Bolivariana de Venezuela
por la presunta comisión de los delitos de estafa agravada continuada,
usura y asociación para delinquir.
En el presente caso, el Ministerio
Público solicitó medida de privación judicial preventiva de libertad
contra Rolando Márquez Ramos, la cual fue acordada en febrero de 2011
por el Juez Décimo en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal
del estado Carabobo, quien dictó orden de aprehensión, debido a las
denuncias realizadas por un grupo de ciudadanos, quienes manifestaron
ser víctimas del delito de estafa y usura por la empresa Grupo Amazonia,
C.A. y Condominio La Principal, C.A., dirigida por dicho ciudadano y
Manuel Alfonso Malpica Barela.
Alegaron los denunciantes que
suscribieron un contrato de compra venta para la adquisición de unos
Town Houses, donde la mencionada empresa Grupo Amazonia, C.A., era la
encargada de la construcción de las mismas, sin embargo esgrimieron que
hubo cobro desproporcionado de montos que no habían sido estipulados
dentro de los contratos y no existían avances en la materialización de
las obras.
Señala la sentencia de la Sala de
Casación Penal que en el presente caso se cumplen los principios
generales que regulan la institución de la extradición, ya que los
hechos por los cuales fue decretada la medida de privación judicial
preventiva de libertad son ilícitos tanto en la República Bolivariana de
Venezuela como en la República Panamá, además, la acción penal no se
encuentra prescrita.
Agrega el fallo de la Sala del TSJ
que los delitos que soportan el requerimiento del ciudadano Rolando
Márquez Ramos, quien se encuentra en territorio panameño, no comportan
en la legislación venezolana pena de muerte o perpetua, no exceden del
límite máximo de 30 años, ni son de naturaleza política o conexo con
éstos, tal como lo exigen los artículos 44 (numeral 3) de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 94 del Código
Penal Venezolano.
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