El magistrado Emilio
Ramos de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de
Justicia (TSJ), participó en calidad de ponente en el 1er Encuentro de
seguimiento de la aplicación de la Ley Orgánica de la Jurisdicción
Contencioso Administrativa (Lojca), donde expuso sobre el procedimiento
de las demandas interpuestas por la prestación de los servicios públicos
en el país.
Explicó que después
de tres años de promulgación de la Lojca, el TSJ realizó este encuentro
con el propósito de hacer seguimiento pudiendo constatar los frutos y
resultados del esfuerzo de juezas y jueces a quienes se les encomendó la
importante tarea de la supervisión del funcionamiento de los servicios
públicos a través de solicitudes judiciales.
La importancia social
de la Lojca radica en que promulga la inclusión del pueblo que estuvo
excluido del proceso Contencioso Administrativo, además de resolver los
problemas de la población más afectada y vulnerable que más padece la
carencia de servicios públicos, expuso el Magistrado del TSJ. A su vez,
expresó que las clases más populares, hasta la promulgación de la Ley,
no habían tenido acceso a esta garantía que supone el acudir
personalmente ante el Poder Judicial.
En este sentido, el
Magistrado profundizó sobre el procedimiento de las demandas
interpuestas por la prestación de los servicios públicos ante los
diferentes juzgados del país, dijo que actualmente está demostrado que
los jueces competentes en esta materia no solo conocen el procedimiento
en términos formales sino la manera de avanzada en que es aplicada la
justicia social como lo establece la Constitución.
Transmitió algunos
fundamentos teóricos sobre la constitucionalización del Derecho y la
necesidad de aplicar e interpretar las leyes dentro del contexto
constitucional dando cabida al Estado social y de Derecho como nuevo
paradigma de las leyes procesales.
Respecto al viejo
régimen legalista judicial donde el papel del juez era el de aplicar
leyes, manifestó, que con la promulgación de la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela, el juez y la jueza se libera del
yugo formalista y tiene la libertad de la aplicación de la ley
validándola en el caso concreto con los parámetros que establece la
Carta Magna en sus principios y valores, como instrumento legal por
encima de las leyes desde el mismo momento en que fue aprobada por el
pueblo a través del voto directo.
Continuó diciendo que
el derecho conservador se sustituye por un derecho emancipador y
transformador de la realidad social, tomando en cuenta la posición de la
ciudadanía como soberano y donde el juez o jueza hace efectiva la
aplicación de las leyes con los principios constitucionales.
Calificó de histórico
el hecho que la Lojca promoviera la participación del pueblo dentro del
Sistema de Justicia venezolano, una vez que a la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo tradicionalmente solo tenía acceso una élite y
quienes tenían posibilidad de pagar abogados y sobre todo ciertos
bufetes.
Sobre el trabajo de
la jurisdicción aclaró que hoy en día está abierta a toda la ciudadanía,
además de que los operadores de justicia han venido teniendo una
formación que coadyuva la integración con las comunidades, quienes
tienen la función de informarlos y formarlos, siendo un aprendizaje
mutuo y coadyuvando en la eficacia de la labor jurídica.
El integrante de la
Sala Político Administrativa del TSJ concluyó que los jueces de la
jurisdicción han demostrado empeño, no solo en la aplicación de la Ley
sino también en el compromiso respecto a la integración con la
comunidad, dándole así una herramienta que es producto de un sistema
político que cree en la población, haciéndola partícipe de una manera
sustancial del Sistema de Justicia.
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